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El preocupante multimedios oficial

Muchos autoritarismos consiguieron controlar a la prensa, pero ninguno llegó a controlar las conciencias

Es habitual que los gobiernos se vean asaltados por la idea de que todos sus problemas se deben a una deficiencia de comunicación. Por lo general, ese diagnóstico les resulta más convincente cuando ingresan en un proceso de declinación. Los Kirchner están llevando esa forma de pensar a extremos que apenas unos años atrás eran inconcebibles. Su manifestación más actual, pero no la única, es el proyecto de creación de un multimedios estatal, financiado con los impuestos de todos los contribuyentes.

La obsesión del kirchnerismo por los medios de comunicación se hizo más intensa a partir de la derrota electoral de junio pasado. El Gobierno interpretó el fracaso electoral como la derivación de un gran malentendido que le impidió a la sociedad apreciar sus virtudes.

La idea de que las cosas se hicieron bien pero no fueron comprendidas forma parte del balance de casi todos los políticos que sufren un rechazo electoral. Esa lectura se completa, por lo general, con una autocrítica: "No supimos comunicar".

No es el caso de los Kirchner. La Presidenta y su esposo denuncian distorsiones en la comunicación, pero nunca las atribuyen a deficiencias propias, sino a perversiones ajenas. El conflicto que protagonizan con la mayor parte de la sociedad y que se expresó en el derrumbe progresivo de su imagen y en la derrota electoral no se debe, según ellos, a que sus acciones sean incorrectas. Se debe a que los medios de comunicación independientes manipulan la conciencia de los individuos con el objetivo de que se formen una imagen negativa de casi todo lo que se les ofrece desde el poder. Para quienes gobiernan, esa desviación tampoco derivaría de un gran error de comprensión, sino que es la consecuencia de una perversión moral intrínseca de las empresas periodísticas por el solo hecho de ser eso: empresas.

El argumento tiene todos los componentes de un montaje autoritario. Supone que la opinión pública no se constituye a partir del intercambio activo y creativo de mensajes entre sujetos con capacidad de intelección, sino que es una gran masa privada de sentido común a la que con facilidad se puede manipular. De esa concepción, muy primitiva e ilusoria, se deriva la compulsión del Gobierno a ocupar el lugar de ese emisor privilegiado que lograría dominar lo que el público ve y juzga, como si los seres humanos fueran fuerzas físicas, pero ahora en beneficio propio.

Para satisfacer sus puntos de vista, el kirchnerismo se ha dado una política concreta, que consiste en una paulatina estatización del espacio mediático. Una manifestación inicial de ese avance sobre el sector público fue la proliferación de diarios y revistas de baja circulación, que sólo subsisten gracias a que sobre ellos se vuelcan de manera privilegiada los recursos del Estado. Después se impulsó una reforma a la ley de radiodifusión con varios dispositivos intervencionistas, desde un nuevo reparto de las frecuencias en detrimento de los licenciatarios privados, hasta la obligación impuesta a infinidad de empresas de vender parte de sus activos con un plazo compulsivo y sin respetar los términos fijados en los contratos de concesión.

Al mismo tiempo, el Gobierno avanzó a través de regulaciones y presiones, sobre los inversores italianos de Telecom, con la clara intención de poner esa red de telefonía y la caja que genera en manos de empresarios amigos, de tal manera que la empresa se convierta en un engranaje más del artefacto oficial de comunicación que se está ensamblando. Ese intento sigue en curso, ahora sirviéndose de los mismos operadores que buscaron los mismos objetivos durante la administración de Carlos Menem.

Otro paso del mismo plan se dio con la transmisión de los partidos de fútbol al sector público, que se encargaría de explotar el negocio de la publicidad, ligado a ese espectáculo. Primero se pensó en difundir todo tipo de avisos, pero, desde hace unas semanas, a las empresas privadas que habían pautado hacer publicidad de sus productos y servicios durante los partidos, se les avisó que, en adelante, sólo el Gobierno haría escuchar su voz allí.

El último capítulo de este acorralamiento a la comunicación independiente es la creación de un gran multimedios oficial. No existe una reglamentación clara para lo que se quiere emprender. Lo que sí existe es la urgencia para lanzar ese multimedios antes de que comience el campeonato mundial de fútbol ya que, como admiten en comentarios informales numerosos funcionarios, se pretende utilizar ese torneo como la plataforma de lanzamiento de la candidatura presidencial de Néstor Kirchner. El programa consiste en acelerar la instalación de la nueva modalidad de televisión digital terrestre y aprovechar la mayor capacidad de transmisión de esa tecnología para ofrecer, junto con Canal 7, unas veinte frecuencias con programación producida desde el Estado. Por lo menos dos de esas frecuencias estarían destinadas a noticias.

Paralelamente, el Gobierno desviará del presupuesto público unos 550 millones de pesos para la compra y distribución gratuita de decodificadores. Esos aparatos, que permitirían conectar los televisores con esas nuevas frecuencias, serían entregados a los beneficiarios de programas de asistencia social, de tal manera que puedan acceder a transmisiones deportivas de mayor calidad y, sobre todo, a los mensajes que emitirá el oficialismo para promover a sus principales figuras.

El apetecible negocio de la distribución de los conversores fue repartido por el Ministerio de Planificación entre un grupo de empresarios allegados, entre los que se destacan Claudio Cirigliano -acaba de ser procesado en la causa en la que se investigan viajes del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime- y el ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Admira). En la calificación intervino un ente estatal, el Instituto de Investigaciones Aplicadas (INVAP).

La idea de montar un nuevo aparato de medios estatales es, en sí misma, errónea. La iniciativa privada, lejos de ser una restricción para la circulación de los mensajes, es la mejor garantía que la civilización ha encontrado hasta ahora. Sobre todo cuando se asegura la competencia y, por lo tanto, el espíritu de riesgo. La alternativa de armar una maquinaria pública de prensa y propaganda, sin estímulo alguno a cuidar la calidad de sus productos porque quienes están al frente de ella arriesgan sólo el dinero ajeno -es decir, el de los ciudadanos que pagan sus impuestos- fracasó en muchos lugares del mundo, pero, sobre todo, en la Argentina. Las sociedades más pluralistas y abiertas, aun las que cuentan con un sistema estatal de medios, están volviendo de este diseño y estimulan cada vez más el espíritu de empresa en el campo de la comunicación.

Si la idea no es buena, su puesta en práctica es peor. El gobierno de los Kirchner se ha caracterizado, más que cualquier otro, por utilizar los canales de difusión del Estado para la destrucción de sus adversarios políticos. Es el patético testimonio que brinda a diario la programación de contenido periodístico de Canal 7. La actual administración ha exagerado vicios tradicionales de los medios públicos, como es la manipulación facciosa de la información, propia de una cultura política que, como la del oficialismo, confunde el Estado con el Gobierno, el Gobierno con el partido y el partido con el caudillo. La mejor demostración de este espíritu sectario es que la posibilidad de que el sistema público de medios de comunicación pase a depender del Congreso no está siquiera en consideración.

Con la creación de esta nueva empresa, los Kirchner agregarán más recursos del Estado a los que ya suelen utilizar durante las campañas electorales. Se aprovecharán, además, de una cláusula capciosa de la última reforma al régimen electoral, que es la imposibilidad de hacer contratos privados de publicidad política. Las consecuencias de este armado son fáciles de prever: aumentará los niveles de desequilibrio político que existen en la Argentina, degradará aún más los mecanismos republicanos -uno de los cuales supone que la administración de la cosa pública no puede estar contaminada por intereses particulares-, saturará el espacio de la comunicación con propaganda favorable al actor más poderoso, y pondrá a disposición de empresarios bien conectados los recursos del presupuesto. Si tuvieran buenos asesores, la Presidenta y su esposo podrían contemplar la posibilidad de que este nuevo experimento, en vez de mejorar su imagen, termine por caricaturizarla.

Cualquiera sea el resultado, el objetivo final que se proponen seguirá siendo ilusorio, como demuestra la historia completa de los autoritarismos: muchos de ellos consiguieron controlar a la prensa, pero ninguno alcanzó a controlar las conciencias.

Domingo 23 de mayo de 2010

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