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Cambia la relación de fuerzas en el poder

Estaba escrito. El empeño de Néstor Kirchner por lanzar su candidatura presidencial a pesar de que la mayor parte de la opinión pública lo rechaza iba a producir una reacción en su propio aparato de poder. Y la produjo.

En estos días se hizo evidente el cambio en la relación de fuerzas dentro del oficialismo. Los gobernadores han ingresado en escena como un actor que formula sus propias demandas e interpreta su propio libreto. La liquidación de las deudas provinciales con el Tesoro hasta fines de 2011 -$ 15.000 millones- que Cristina Kirchner anunció la semana pasada es la primera factura del abultado talonario que esos caudillos tienen preparado para la actual transición electoral. Ahora hay que esperar una rebaja en los fondos que giran al sistema previsional y una nueva discusión de las retenciones agropecuarias.

Para el aparato de comunicación oficial, la oposición, que pretende coparticipar el impuesto al cheque, fue madrugada por la Presidenta y su jubileo federal. Esa lectura adolescente oculta lo principal: los Kirchner, que hasta ahora sólo sabían cobrar, comenzaron a pagar. Lo advirtió el propio Kirchner, quien no pudo concurrir al último encuentro de gobernadores en la Casa de Salta porque allí lo esperaban demandas para las que no tenía respuesta. Los anuncios de su esposa son el ticket para entrar en la próxima reunión. Como ya no puede someter, el matrimonio ahora debe cortejar.

La nueva contabilidad fiscal obedece a una nueva contabilidad política. Los gobernadores recuperan autonomía porque aportan lo mejor del caudal electoral. La estabilidad de la que disfruta el gobierno nacional se debe, en gran medida, a que la mayoría de ellos -Das Neves, Gioja, Alperovich, Urtubey, Closs, Capitanich, Zamora- cuenta en sus distritos con niveles muy altos de adhesión. Los Kirchner, en cambio, restan. El precio de la disciplina provincial irá, por lo tanto, en ascenso. En ese vínculo hay de todo menos cariño.

Una consecuencia de este juego es que la administración que se establezca el año próximo no contará con la hiperpresidencia sobre la que se asentó el poder de los Kirchner. Es un dato que mortifica a la oposición, en especial a la no peronista, que se siente obligada a defender una desconcentración de funciones que tal vez pague cara si le toca gobernar en 2011.

Aun así, los radicales, el PJ disidente, la Coalición Cívica y Pro seguirán agitando la bandera federal. El próximo reclamo será por una parte de los $ 26.000 millones que, año a año, las provincias giran a la Anses con el argumento de que hay que solventar el déficit que produjo la privatización de las jubilaciones. Ese pretexto desapareció cuando se volvió al sistema estatal. Para Kirchner será muy irritante que se discutan los ingresos de la Anses, convertida por él en un banco de desarrollo informal. De un momento a otro comenzará a aterrorizar a los ancianos diciendo que los adversarios del Gobierno pretenden quitarles sus haberes.

Facultades delegadas
El otro desafío de la oposición mira al 24 de agosto, día en que vence la delegación de facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo. Los legisladores pretenden recuperar una: la fijación de la alícuota de las retenciones agropecuarias. El viernes pasado varios diputados discutieron con expertos de las entidades del campo un índice decreciente para la soja y la carne y la eliminación del impuesto para el resto de los productos. El conflicto entre los Kirchner y el campo volverá a estar en exposición. Pero ¿tolerarán esta vez los gobernadores oficialistas que se agreda a la clase media rural, que es decisiva para el destino electoral del peronismo?

Los sindicalistas intentan ir tras la estela de los caudillos provinciales con sus propias exigencias. Pero no tienen la misma suerte. En la última reunión con Cristina Kirchner, la CGT pidió un aumento del 60% del mínimo no imponible de Ganancias y, sobre todo, que el Tesoro devuelva los $ 4000 millones que reclaman las obras sociales por aportes mal contabilizados. Esta última demanda había provocado un encontronazo entre la Presidenta y Hugo Moyano el 19 de febrero pasado. Cuando ella dijo "tenemos que cuidarnos con la devolución de ese dinero porque ustedes, Hugo, tienen mala imagen", el camionero contestó, irreverente: "Los que tienen mala imagen son vos y tu marido". La dueña de casa levantó de inmediato la reunión. Recién el viernes pasado se pudo volver a tocar el tema. Pero los gremialistas no se llevaron una solución, a pesar de que están dispuestos a cobrar con títulos públicos. "Queremos que a los trabajadores nos den el mismo trato que a los fondos buitre", ironizó uno de ellos.

Para arrancar ventajas al Gobierno, el sindicalismo tiene una limitación: Moyano. Kirchner despliega frente al camionero una doble estrategia. Con una mano alimenta su insaciable codicia, ofreciéndole recursos económicos y gremiales que no afectan la caja del Estado. Con la otra le muestra las llaves del calabozo. Ambos movimientos convierten a Moyano en un mal abogado de los intereses del sector.

En estos días, el secretario general de la CGT gestiona una resolución del área de Transporte -allí, él apadrina al subsecretario, Jorge González- para que a la documentación que acompaña las cargas de granos se agregue una oblea que costaría $ 50 por viaje. La recaudación, unos $ 360 millones por año, iría al sindicato de Camioneros. La iniciativa es resistida, por ahora, por Ricardo Echegaray, el titular de la Afip.

Moyano gestiona también un crédito de $ 200 millones del Banco Nación para que un grupo de sindicalistas que le responden se quede con la naviera Maruba, que está al borde de la quiebra. A la transferencia se agregaría una regulación oficial para que el 15% de las exportaciones se realice en barcos nacionales.

La tercera presa de Moyano es el cada vez más numeroso sindicato de vigiladores privados, cuyo secretario general, Angel García, está alineado con Eduardo Duhalde. Moyano cree que podría quedarse con ese pequeño ejército si avanza sobre su obra social, que atraviesa problemas financieros. Como la de los camioneros y la de los bancarios, también ésta es administrada por la esposa del secretario general. "Hablé con Hugo y le dije mi sospecha, pero él me negó que quiera quedarse con mi gremio", se confesó García con Duhalde, el viernes último. Duhalde, esbozando media sonrisa, le contestó: "¿Y vos le creíste, Angelito?".

La plata y el poder no han conseguido, sin embargo, anestesiar del todo a Moyano. La premonición de convertirse en el próximo Juan Zanola no lo deja dormir. En la obra social de los camioneros se descubrieron maniobras similares a las que llevaron a la cárcel al líder de los bancarios y a su esposa. Moyano, que desconfiaba de los jueces, ahora sospecha de Kirchner. No es para menos: cada vez que le comunica su angustia, el esposo de la Presidenta lo manda a hablar con algún subordinado, sin hacer gestión personal alguna. Además, al camionero le llegó la versión de que, en octubre pasado, Norberto Oyarbide visitó Olivos y que allí Kirchner le exigió que lo sobreseyera de la imputación de enriquecimiento ilícito; le aclaró también: "Zanola no es mío". Y le solicitó que con Ricardo Jaime "haga lo que pueda". Sería bueno que el Gobierno desmienta ese relato, que circula entre sindicalistas muy bien informados. A pesar de la anécdota, en una fiesta del sindicato de conductores de taxi, que conduce José Ibarra, se comentó que Moyano hubiera preferido tener a Oyarbide como juez. Pero la Cámara Federal confirmó el último viernes que seguirá bajo la lupa de Claudio Bonadío, quien también investiga a los secretarios de la Presidenta por enriquecimiento ilícito. Desde hace 48 horas Moyano teme haberse convertido nada más que en una opción. Por lo visto, en su vínculo con los Kirchner tampoco hay cariño.

Carlos Pagni
LA NACION

Lunes 17 de mayo de 2010

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