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Gente satisfecha y gente preocupada

El alto margen de discrecionalidad con que el kirchnerismo maneja la política económica está conduciendo a la Argentina a un fenómeno muy particular. Cada vez más decisiones del sector privado dependen del Poder Ejecutivo y esto provoca una marcada divisoria de aguas entre quienes se benefician y quienes se perjudican, ya sea ahora o en el futuro.

Esta división entre ganadores y perdedores tiene una notoria excepción: nadie sabe a ciencia cierta a quién puede beneficiar la inexplicable prohibición de importaciones de alimentos dispuesta de hecho por Guillermo Moreno. No existe al respecto ninguna disposición oficial escrita o firmada por el plenipotenciario titular de Comercio Interior, siempre más afecto al uso del teléfono que a la lapicera.

Con esta medida virtual, cuyos alcances siguen siendo un misterio incluso para las empresas del sector, la Argentina se "compra" un problema innecesario en materia de comercio internacional, justo en vísperas de otra ronda de negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), con la presencia en Madrid del matrimonio Kirchner.

No es casual que el inédito comunicado de protesta de la UE haya hecho referencia a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La OMC establece que las restricciones arancelarias o paraancelarias deben ser transparentes y acotadas en el tiempo; no prevén, ciertamente, imprevisibles resoluciones telefónicas.

En Brasil, donde el revuelo se ha colado hasta en la campaña electoral, le están pagando a la Argentina con la misma moneda. Nadie se ha dado por enterado oficialmente de la medida -que en la práctica no existe-, pero advierten informalmente que deberían "lamentar" suspensiones de ventas argentinas de vinos finos o de jugos y conservas de frutas, por citar dos eventuales casos de retaliación. Si la prohibición buscó proteger a economías regionales, eligió un camino de contramano. Ningún país quiere comprarle a quien no le compra.

Tampoco la Argentina puede argumentar daño comercial. Sus exportaciones de alimentos elaborados superan en una proporción de 20 a uno a sus importaciones del mismo rubro. Estas últimas apenas mueven el amperímetro del superávit comercial, que este año alcanzaría un récord de 17.000 millones de dólares; y mucho menos el índice de precios minoristas, que las incluye marginalmente.

Si Moreno aspira a desalentar, como habría dicho, compras externas por 300 millones de dólares anuales de productos "suntuarios" (entre ellos, los famosos fideos italianos o los chocolates suizos), hasta sería más lógico aumentarles los impuestos internos antes que generar una serie de conflictos comerciales en cadena. Todo esto en un país considerado una potencia agroalimentaria, como lo indica el plan 2010/2016 presentado por la presidenta CFK.

Por lo pronto, aquella medida amateur agregó un nuevo motivo de preocupación para las empresas del sector, jaqueadas simultáneamente por un conflicto sindical que mantiene paralizadas varias plantas desde hace tres semanas. Allí, el gremio no acepta ningún ajuste salarial inferior al 40%, pese a que la última oferta patronal superó el 31 por ciento.

Distinto es otro caso que no tuvo tanta trascendencia pública, aunque sí una raíz similar. Varias compañías del sector de maquinaria agrícola también habrían recibido en las últimas semanas una "sugerencia" informal, esta vez del Ministerio de Industria, para autolimitar importaciones de tractores y cosechadoras, en lo que constituiría un cupo virtual. Lo llamativo es que esta protección favorece, casi con nombre y apellido, a las dos únicas empresas locales que fabrican y además exportan esos equipos; en este caso a Venezuela, bajo el controvertido mecanismo de intercambio que hoy está bajo la lupa de la Justicia.

Comunes denominadores
Aunque muchos hombres de negocios quieren suponer que habrá una etapa de flexibilización, producto por producto y empresa por empresa, no desconocen que el denominador común es otro. Cuando hay restricciones arbitrarias en sectores clave de la economía, el poder de decisión se concentra discrecionalmente en el funcionario de turno que baja o levanta el pulgar; haya o no indicios de corrupción.

La competencia (o incompetencia) empresaria se traslada entonces al grado de proximidad o lejanía que exista con la Casa Rosada; que, en definitiva, determina quiénes se benefician y quiénes se perjudican. Como esto ocurre sobre la base de reglas no escritas, y generalmente alejadas de cualquier criterio de racionalidad económica, promueve posiciones divididas dentro de una misma actividad.

Este marco también es propicio para otro tipo de presiones. Los seis directivos de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que semanas atrás se entrevistaron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia juran no haber hablado de la ley de medios audiovisuales con Ricardo Lorenzetti. Pero bastó que Néstor Kirchner los acusara públicamente de haber presionado al tribunal, basándose sólo en la presencia allí del CEO del grupo Clarín para que la entidad fuera confinada automáticamente a territorio enemigo. Después de un fulminante operativo de persuasión telefónica desde despachos oficiales, AEA perdió casi 10% de sus 58 miembros: en pocos días cinco compañías comunicaron su desvinculación, tras invocar reducción de costos o bien la necesidad de concentrarse exclusivamente en sus negocios. Quizás en este último argumento no les falte razón, sobre todo a las que más dependen de las decisiones K.

Con más sutileza, en cambio, el matrimonio Kirchner se las ingenió para alinear a la mayoría de los gobernadores detrás de la refinanciación automática de deudas provinciales con la Nación (que casualmente incluye un período de gracia hasta fin de 2011) y desalentar el cambio en la coparticipación del impuesto al cheque. Sin embargo, el premio mayor es para la provincia de Buenos Aires -el territorio donde Néstor Kirchner busca pelear su reelección- sencillamente por ser la que tiene mayor deuda y tendrá mayor alivio financiero (3500 millones de pesos en 2010 y 5000 millones en 2011). El castigo es para las cinco provincias sin deuda, con excepción de La Pampa, que negoció anticipadamente la transferencia de 630 millones a cambio de la ley Verna, que legaliza el uso de reservas del Banco Central para pagos del Tesoro.

Aquí el común denominador es que a los políticos les seducen los planes de viaje ahora y pague después. De ahí que tampoco reparen en la bola de nieve en que se han convertido los subsidios estatales a las tarifas, que reducen riesgos (pero también inversiones) en las empresas prestatarias de servicios públicos, a costa de un mayor déficit fiscal.

Por eso, la gente más satisfecha con el modelo kirchnerista es la que sólo privilegia el corto plazo. La más preocupada está entre los que miran más allá de 2011.

Néstor 0. Scibona
Para LA NACION
nscibona@speedy.com.ar

Domingo 16 de mayo de 2010

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