Es innegable que, una vez más, una decisión del juez Oyarbide resulta funcional a los intereses del kirchnerismo
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Mauricio Macri fue procesado por el juez federal Norberto Oyarbide en la causa en que el magistrado investiga la red de intercepciones telefónicas clandestinas realizadas por oficiales de la Policía Metropolitana. La figura que empleó el juez fue la de partícipe necesario de una asociación ilícita destinada a realizar escuchas ilegales.
El jefe de gobierno de la ciudad está convencido de que a Oyarbide lo ha movido su estrecha y probada cercanía con el Gobierno. No se equivoca Macri en este punto.
Tras haber sido un magistrado menemista, Oyarbide ha pasado a militar sin ningún tapujo en las filas kirchneristas.
Es el juez que sobreseyó al matrimonio presidencial en la causa que investigaba su inexplicable incremento patrimonial. Es el juez que mantiene en estado catatónico el expediente de las coimas y los sobreprecios de la ampliación de los gasoductos en el llamado caso Skanska, que compromete a funcionarios que aún no han sido acusados. La diputada Elisa Carrió, cabeza de la Coalición Cívica, ha calificado hace pocos días a Oyarbide de "corrupto" y "poco confiable".
No hay dudas de que al Gobierno le conviene el procesamiento de Macri, un político con probabilidades de pelear la presidencia en las próximas elecciones nacionales.
Por lo tanto, es cierto que en la decisión de Oyarbide seguramente pesó esa necesidad política del kirchnerismo. El juez tampoco hizo lugar a varias medidas de prueba que el jefe de gobierno le solicitó y llevó a cabo una inaudita sobreactuación cuando anoche citó a los defensores a los tribunales federales de Comdoro Py para notificarles su resolución.
Sin embargo, no puede soslayarse el hecho de que las escuchas telefónicas existieron y fueron realizadas por personal de la flamante policía creada por el gobierno de la ciudad. Por sí solo, este hecho no debería comprometer judicialmente al jefe de gobierno. Entre Macri y el entonces jefe de ese cuerpo de seguridad, el comisario Jorge Palacios -ya procesado y detenido-, se encontraba el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, responsable directo de la Policía Metropolitana.
Pero entre los teléfonos cuyas conversaciones fueron interceptadas por los efectivos del comisario Palacios se encontraba el de Néstor Leonardo, cuñado de Mauricio Macri. Su padre Franco Macri se hallaba enfrentado con Leonardo por razones familiares.
Es preciso reconocer que el jefe de gobierno de la ciudad no ha brindado aún, por lo menos en forma pública, una explicación acabada sobre ese extraño hecho. "No sé, mi papá ya lo explicó en una carta", sostuvo en una entrevista cuando LA NACION le preguntó si fue su padre quien había ordenado esas escuchas.
Por el puesto que ocupa y tratándose de su familia, Macri no puede limitarse a decir que no sabe. Dada su responsabilidad política, le debe una explicación a la sociedad sobre esas escuchas. Su silencio, además, ha dado impulso y argumentos a un cuestionable juez que ya ha demostrado ser proclive a hacer prevalecer los intereses políticos sobre el derecho.