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Se pone en caja al Far West de Internet

Como el carro, la ley va siempre detrás del brioso caballo de la sociedad. Esta es la que cambia y evoluciona, con suerte progresa, en el mejor de los casos se vuelve más justa. La ley viene detrás, ajustándose al devenir, e intenta colaborar con la Justicia. Nunca llega primero la norma; el delito le gana siempre de mano. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con la ley 26.388 de reforma del Código Penal, que tras dos años y medio de tratamiento legislativo llega para poner en caja legal al Far West de la así llamada Sociedad de la Información.

Ahora, con un código reformado que considera que infiltrarse en un sistema ajeno o espiar e-mails es un delito, la Argentina post Internet se convierte en un espacio más civilizado. Hace falta decir, sin embargo, que dos años y medio, en un contexto en el que los cerebros electrónicos procesan miles de millones de datos por segundo, es una enormidad. Al menos, la Argentina ya está entre los países que han aggiornado su código.

LA NACION habló con Pablo Palazzi, abogado especialista en nuevas tecnologías y propiedad intelectual, para analizar la nueva ley. "Es una muy buena norma, porque en lugar de ser una ley separada es una reforma del Código Penal. Modifica y agrega una actualización, una puesta al día tecnológica al código que los jueces penales ya conocen. De haber sido una ley separada podría haber quedado olvidada -analiza Palazzi-. Está bien hecha, porque esto mismo está legislado igual en el resto del mundo. La 26.388 es bien estándar."

Con todo, hay algunos cabos sueltos. Según Palazzi, son cosas que todavía quedan por legislar. Por ejemplo, "el tema del copyright, que es sumamente complicado y en el que hay muchos intereses en juego".

Es el aspecto procesal de prueba informática lo que más preocupa. Aun con una buena ley, como la que acaba de promulgarse, probar un delito informático impone dificultades extraordinarias. El número IP, algo así como la "chapa patente" que nos identifica en Internet, puede fraguarse con cierta facilidad, al implicar en un ilícito a una persona inocente. Por otro lado, una herramienta informática llamada "rootkit" permite ocultar por completo zonas enteras del disco duro, por lo que cualquier computadora expuesta a virus puede ser usada por un pirata para ocultar, por ejemplo, documentación comprometedora. En tal contexto, probar un delito de esta clase es una pesadilla para los fiscales.

Pornografía infantil

La ley 26.388 legisla contra la posesión de pornografía infantil con fines de distribución, pero no de consumo. Sin embargo, cualquier imagen o video de esta naturaleza es un documento que prueba el abuso de niños, y su sola posesión debería constituir un delito, salvo en el caso de fiscales y policías en el curso de una investigación pertinente. ¿Por qué dejaron este vacío? "Posiblemente -dice Palazzi-, tuvieron miedo de que legislar contra la tenencia fuera inconstitucional, y entonces siguieron lo que dicta la Convención de los Derechos del Niño [la ley 25.763]." Otro de los problemas de legislar contra la tenencia es la fragilidad de los sistemas informáticos domésticos; una PC puede contener material ilegal de terceros sin que su dueño lo sepa.

Opuestamente, ¿cómo probar que la tenencia de esta clase de material no tiene fines de distribución? "Al revés de lo que ocurre con los estupefacientes, aquí no se puede discernir por volumen si es para consumo o para venta. Una sola copia puede reenviarse a miles de destinatarios", explica Palazzi.

Por otro lado, los administradores de sistemas consultados por LA NACION encuentran conflictivo el artículo que castiga la intromisión en sistemas informáticos, una práctica normal para probar la seguridad de una red. "Pero no sería delito si existiera consentimiento. Mi mejor consejo, sin embargo, es que el hacker que va a hacer la prueba firme un contrato con la empresa a la que va a auditar."

Con todo y sus posibles zonas grises -que, a juicio de Palazzi, sólo aparecerán si los jueces o fiscales que actúen no se hacen asesorar correctamente en materia de tecnología-, la nueva ley reescribe el Código Penal con caligrafía del siglo XXI.

Por Ariel Torres
De la Redacción de LA NACION

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