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Los juicios, el camino que varios eligen

En Rosario y Balcarce dos productores ya obtuvieron fallos a favor. Los abogados explican los motivos.

De a poco la Justicia empieza a tomar la palabra en el conflicto por el aumento de las retenciones. Esta semana, el juzgado Federal 1 de Santa Fe ordenó que no se aplique el aumento de las retenciones al productor Ricardo Lan. Un día después, la justicia marplatense resolvió la "no aplicabilidad" de la resolución 125 a una empresa agropecuaria de Balcarce. Y el Poder Judicial de Entre Ríos debe resolver un pedido de amparo de un productor y abogado de Concepción del Uruguay.

En la causa de Lan, el conjuez Jaime Belfer resolvió que "se suspenda la aplicación de la resolución 125 respecto del total de sus operaciones de venta de soja", según consta en el fallo.

Además, ordena que se devuelva a Lan, en el plazo de 24 horas, la diferencia entre las retenciones móviles que correspondan al día de la venta y el viejo 35%.

La causa fue promovida por el abogado rosarino Fabio Cerruti Sacco, a través de una "Acción Meramente Declarativa". Por esa vía, el abogado logró días pasados que tres productores de Las Parejas vendan 900 toneladas de soja con retenciones del 35%.

En este caso, Lan que posee campos en Santiago del Estero y Formosa, quiere vender unas 4.000 toneladas de soja.

La otra causa se definió el martes pasado en el Juzgado Federal 4 de Mar Del Plata. El juez Alfredo López también resolvió "la inaplicabilidad de la resolución 125".

En los fundamentos del fallo, el juez consideró que la norma que establece las retenciones móviles "tuvo un objetivo fiscalista y no fue creada como una herramienta de política económica".

"Lo llamativo es que la sentencia resuelve sobre una cuestión de fondo", contó a Clarín Rural Alfredo Ianni, abogado de una empresa agropecuaria de Balcarce que promovió la causa. "La iniciamos como un amparo pero el juez la modificó a Acción Declarativa", agregó Ianni.

A unos 900 kilómetros de Balcarce, en Paraná, la justicia entrerriana debe definirse sobre un recurso de amparo.

La presentación la hizo el abogado y productor agropecuario Luis Antonio Rodríguez, en nombre de Agrícola Itapé, una sociedad que integra junto su hijo, Julián.

El argumento que planteó es que los derechos de exportación deben ser fijados por ley del Congreso y no por el Poder Ejecutivo.

La presentación la hizo el 8 de abril pero dos días después el juez Guillermo Quadrini la rechazó "in límine" (de plano). Eso significa que el magistrado no le dio curso al pedido porque no cumple con los requisitos formales.

A pesar del rechazo, Rodríguez insistió con su reclamo en la Cámara de Apelaciones, que el 20 de mayo revocó la decisión del juez y ordenó darle trámite al amparo.

"No es una sentencia de fondo, pero el trámite está en marcha", dijo Rodríguez a Clarín Rural.

En la apelación, el abogado sostiene que "el solo hecho de no poder vender la soja que extraerá de la cosecha sino a los precios escandalosamene reducidos por las retenciones, cuya constitucionalidad se cuestiona, es en sí mismo un agravio al derecho de propiedad".Ese y otros fundamentos fueron los que evaluó la Cámara de Apelaciones.

"Ahora el juez debe notificar al Estado para darle la oportunidad de defenderse", explicó el abogado de Concepción del Uruguay. Rodríguez piensa que "si todos los productores se hubieran presentado en la Justicia, ya se hubiera resuelto el problema de las retenciones". De todos modos, entiende que "muchos no lo hicieron porque pensaron que el problema no iba a extenderse tanto tiempo".

Los Rodríguez tiene una larga historia familiar en el derecho y la producción agropecuaria. Su padre era abogado y productor; él siguió el mismo camino y uno de sus tres hijos también. El abogado cuenta que se dedica a la producción ganadera y es su hijo el que se encarga de la producción sojera de la empresa.

Ahora, padre e hijo siguen con su tarea mientras esperan una respuesta de la Justicia.

Hernán Guzzetti.
hguzzetti@clarin.com